Del Mandato del 97 al 2007
En la década de los 90 se estructuró en Colombia un proyecto ciudadano a través de la Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la actual Constitución Política de Colombia la cual legitimó el Estado Social de Derecho. Desde ese momento, la democracia participativa se estructuró no solo como una herramienta de la sociedad para rechazar la guerra y exigir los pactos de paz, sino para exigir la integralidad de los derechos humanos.
Pero al mismo tiempo, esa década fue cruzada por la ola de violencia debido al conflicto armado interno y cruzado por las acciones del narcotráfico. Luego de la entrega de Pablo Escobar en junio del 1991, mas de 2.000 personas fueron asesinadas en todo el país, mas de 6.000 niños y niñas vinculados a la guerra, 200 víctimas de la desaparición forzada y mas de 3.000 personas privadas de la libertad. Además se incrementó el número de acciones militares por parte de las guerrillas y del ejército.
En ese contexto de escalamiento de la guerra, de degradación, creciente afectación de la población civil y dificultades para avanzar en la solución política negociada, cerca de diez millones de colombianos, consagraron con su voto el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad el 26 de octubre de 1997 –durante las elecciones locales-, en virtud del cual se comprometieron a ser constructores de “Paz y Justicia Social, a proteger la vida y a rechazar toda acción violenta” y a exigir a los actores del conflicto cesar la guerra y respetar las normas del derecho internacional humanitario.
La iniciativa que estuvo impulsada por un centenar de organizaciones de todos los sectores de la sociedad colombiana: campesinos, trabajadores, empresarios, indígenas, mujeres, universidades, entre otros, que liderados por la Red de Iniciativas por la paz, País Libre, UNICEF y la UNESCO, se ha constituido en un hito en materia de participación ciudadana en Colombia.
El resultado visible del Mandato Ciudadano por la paz, fue la instalación de la Mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en enero de 1999. Esto es que debido a la presión ciudadana expresada a través del Voto por la paz, el recién electo presidente de la república Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC “aceptaron” iniciar las negociaciones, bajo unas condiciones, una metodología y un cronograma establecido y en un territorio determinado en el departamento del Caquetá.
Durante ese proceso, la participación ciudadana tuvo tres características. Fue propositiva, activa y a pesar de ello, marginal a la negociación. Por medio de las audiencias públicas[1] y a pesar de las críticas que estas recibieron, se constituyó la expresión más contundente sobre la necesidad de involucrar a los ciudadanos en las decisiones políticas correspondientes al tema de la paz.
Esa “apertura de negociaciones generó expectativas que se tradujeron en disminución de la movilización nacional y luego en frustración, pero al mismo tiempo en la base de la sociedad continuo consolidándose un proceso de transformación cultural y de afirmación de una ética civil de no violencia”[2]
Muchos argumentan que el proceso de negociación con las FARC fracasó debido a la aplicación errónea de la metodología, al incumplimiento en los tiempos acordados, a la extensa agenda que se planteó para la negociación o simplemente a la ausencia de una real voluntad política para negociar. Lo único que queda claro, es que gracias a la expresión soberana de un pueblo sumido en la guerra, se abrió la posibilidad de hablar de paz.
10 años después del Mandato: hacia el 2007
Terminado el proceso en el Caguán en febrero de 2002 sin lograr acuerdos de paz estables y duraderos y, debido al nuevo contexto de relaciones internacionales marcadas por el ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos, en agosto de 2002 el recién elegido jefe de Estado y de gobierno colombiano Álvaro Uribe, descarta las posibilidades de resolver el conflicto armado en Colombia por la vía negociada[3]. Es así como la política de Seguridad Democrática, albergada en el esquema de Estado Comunitario, considera como tema prioritario la eliminación de las guerrillas colombianas por la vía armada y para ello recurre a diferentes programas como soldados campesinos, familias guardabosques, fumigación aérea de cultivos de uso ilícito entre otros. El Plan Colombia es pieza fundamental en el desarrollo de esta estrategia y se implementa su segunda fase a finales del 2003 con el Plan Patriota.
Las condiciones que enfrenta el movimiento ciudadano por la paz bajo esta perspectiva, son complejas y adversas. La política de seguridad democrática radicaliza las posiciones y polariza partes importante de las opiniones de los ciudadanos del común, quienes después del fallido intento de negociación con las FARC en el Caguán, consideran que la alternativa para conseguir la paz, es la guerra. Según esto los preceptos enunciados en el 97 por el Mandato Ciudadano, perderían validez.
Muy a pesar de las condiciones adversas, las organizaciones sociales que constituyen el movimiento ciudadano por la paz en Colombia, se resisten a aceptar la alternativa que presenta el gobierno de Uribe, pero las acciones por la paz decrecen debido a la dinámica que la guerra. Los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado y masivo, las amenazas a los lideres comunales y defensores de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la red de informantes, intimidan las acciones del movimiento de paz. La frustración del Caguán lleva a una fase de descrédito del diálogo y negociación.
En tanto el primer año de gobierno Uribe (agosto de 2002-agosto de 2003), las expresiones ciudadanas por la paz se redujeron considerablemente en relación a las acciones ciudadanas por la paz en años anteriores[4] debido a las medidas gubernamentales en curso.
Durante los dos años de negociación con las FARC, estos espacios ciudadanos coincidieron en participar en las audiencias públicas masivamente, en propiciar escenarios para el diálogo intersectorial como lo fueron las Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz, en revisar y ajustar propuestas en los temas álgidos como el de los acuerdos humanitarios, la política social y económica, la política energética entre otros. Roto el diálogo, las expresiones de la sociedad civil en los temas de la paz y la guerra se cuestionó debido a la implementación del nuevo modelo para terminar el conflicto y de hecho las acciones ciudadanas se limitaron.
Fuente: Autora, febrero 2006
Tan solo hasta finales del 2003 y el 2004, podría afirmarse, que las iniciativas de paz y las organizaciones sociales reactivan los espacios y las acciones de resistencia. La Minga Indígena y Popular que se llevó a cabo en septiembre de 2004; las manifestaciones de las mujeres de la Ruta Pacifica por la paz a lo largo del País en el 2004; el acompañamiento a las comunidades indígenas del Cauca y del Choco por causa de los crímenes de lesa humanidad en el 2005; el desminado humanitario de Mico Ahumado en Bolívar en enero de 2005 y el Congreso Nacional de Iniciativas por la paz en octubre de 2005.
La mayoría de acciones coinciden y señalan que pese a las difíciles condiciones para incidir políticamente, la ciudadanía rechaza el conflicto armado y argumenta que este conduce a la pobreza, a la falta de empleo, a la corrupción y a las oportunidades para los jóvenes entre otros.
En la encuesta Ciudadanía y conflicto realizada por Indepaz y la Universidad de los Andes se encontró que el 82% de la población encuestada[5] cree que la solución para acabar con el conflicto armado, es la negociación con guerrillas y con paramilitares.
¿Cual cree que es la mejor solución para acabar con el conflicto armado?
Fuente: Indepaz- Universidad de los Andes, diciembre de 2005.
¿Porque un Mandato por la Vida, la libertad y la Dignidad en el 2007?
Durante el año 2005 las iniciativas de paz (regionales y nacionales) y muchas de las organizaciones sociales que hacen parte del movimiento ciudadano por la paz, realizaron una serie de acciones conjuntas de resistencia a la guerra y de exigencia a los actores de las normas del DIH.
Acciones colectivas del movimiento ciudadano por la paz en el 2005
| Acciones | Fecha |
| Reunión en Cartagena seguimiento a la Mesa de Donantes | Febrero de 2005 |
| Jornadas de seguimiento al proceso de negociación de las AUC y el gobierno nacional | 2005 |
| Apoyo a las comunidades indígenas de Toribio y Jambaló en el Cauca y a las comunidades de paz de San José de Apartado | Abril- mayo de 2005 |
| Foro social y político ante la crisis humanitaria en el Cauca | Mayo de 2005 |
| Encuentro Nacional de Constituyentes en Tarqui, Huila | Junio de 2005 |
| Mesas de diálogo y por los acuerdos humanitarios en el Valle, Cauca, Huila, Caribe, Meta y Caquetá | 2005 |
| Encuentro del Sur, manifiesto humanitario | Agosto de 2005 |
| Consulta Indígena y campesina sobre el TLC | Agosto de 2005 |
| Semana por la paz. | Septiembre de 2005 |
| I Congreso Nacional de Iniciativas por la paz | Septiembre de 2005 |
| Mandato por la Vida en Ciudad Bolívar | Septiembre de 2005 |
| Iniciativa ciudadana de Casa de paz | Septiembre de 2005 |
| Mandato por la Vida en Rivera, Huila | Abril de 2006 |
| Aportes y desafíos de la responsabilidad social empresarial en Colombia. Fundaciones Empresariales | Abril de 2006 |
| Lo que viene: | |
| Semana por la paz 2007 | Septiembre de 2006 |
| V Plenario de la APSCP | Octubre de 2006 |
| Mandato 2007 por la paz ¿? | Octubre de 2007 |
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