Notas sobre la paz y el territorio

Publicado en http://blog.revistacronopio.com/?p=1529

Con sesgada visión, los medios de comunicación nacional están ‘informando’ al país lo que ocurre en las calles y carreteras, en los pueblos y ciudades.  Campesinos, indios, afros y los ciudadanos organizados en federaciones, cooperativas, fundaciones y corporaciones, durante este último año y con más ahínco en el segundo semestre de 2011, reclaman la presencia de ‘extranjeros’ en sus territorios en búsqueda de oro, madera y petróleo.  Presencia extranjera acompañada por armados de izquierda o de derecha, que sirven de ejércitos privados a los intereses de los foráneos.  Una ‘vorágine’ al mejor estilo del siglo XXI. 

Esta situación contada a través de relatos fue común en tres escenarios diferentes: en el III Encuentro de Construcción de Paz, que se llevó  a cabo el 6 y 7 de octubre de en la Conferencia Nacional Episcopal en Bogotá;  en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías el primer fin de semana de octubre en Cali y en el Encuentro Nacional de comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas el pasado agosto en Barrancabermeja. Historias contadas por mujeres, jóvenes, estudiantes, campesinos del Ariari, indígenas del Macizo Colombiano, afros del Pacífico entre otros.  Todos ellos  resistiendo a entregar sus territorios a las empresas privadas.  Empresas dedicadas a la extracción de minerales,  principalmente.

En menos de 3 años los reclamos de los sectores sociales rurales se han agudizado. Problemáticas que se han enraizado, pues ahora los ciudadanos del campo no solo son víctimas de las fumigaciones, de los desplazamientos forzados, de las minas anti persona, del secuestro indiscriminado, de las extorciones, de las violaciones a las mujeres y niñas, sino también de la presencia de compañías minero-energéticas que llegan a extraer, sin consultar y en detrimento del medio ambiente. 

Durante las tres reuniones mencionadas, en dónde participaron indígenas del sur, organizaciones afros del pacífico, organizaciones de mujeres, estudiantes,  iglesias, ongs nacionales y algunas agencias de cooperación internacional con proyectos de desarrollo y paz en el país,  se evidenciaron las siguientes grandes preocupaciones, entre otras:

La denuncia urgente sobre delitos contra las mujeres y niñas en los territorios invadidos por hombres armados. 

El reclamo colectivo por la desmilitarización del territorio.  Los grupos armados ELN,  FARC y paramilitares combaten  por controlar los territorios y/o prestar servicio de seguridad privada a las empresas de extracción, o a las mafias de producción de cocaína o a las empresas interesadas en extraer agua, oro, níquel, petróleo, madera y carbón.

El incumplimiento de acuerdos entre gobierno y comunidades sobre las restricciones a las fumigaciones aéreas, las cuales están provocando más desplazamientos, en la Orinoquia y sur del país principalmente.  

La presencia de nuevos grupos paramilitares denominados Bacrín que operan como bandas de delincuencia organizada principalmente en las cabeceras municipales.  

La ausencia de consulta previa (169, OIT) de cara a la presencia de compañías minero energéticas.

Los combates entre ejército y guerrillas en territorios ancestrales, colectivos y campesinos. 

      Sin embargo, de cara a la avalancha de  preocupaciones, falta de garantías y resistencias a ser objetivo de violaciones de derechos humanos, ahora no solo por parte de armados sino discretamente por parte de la empresa privada, durante estos últimos meses de acción colectiva por defensa de la autonomía, los territorios, los recursos naturales y la vida, las organizaciones y comunidades presentan algunos elementos que se pueden constituir en denominador común,

1.      

         Durante el segundo semestre del año 2011, se han desatado una serie de acciones sociales de todo tipo; desde foros, congresos y seminarios, hasta movilizaciones y mingas multitudinarias.  Todas estas tienen elementos comunes, como sus convocantes, sectores sociales con el apoyo de iniciativas de paz; se han realizado en puntos geográficamente estratégicos: territorios en guerra desde dónde se están enviado mensajes por el diálogo y la negociación (Barranca, Cali, Cajamarca, Bogotá)

2.      Los balances iniciales resaltan una coyuntura para hacer diálogos sociales;  para preparar los escenarios y para fortalecer a la sociedad civil a hacer frente a la guerra pero también para hacer propuestas de paz.

3.       Ante la preocupación de la inversión extranjera que es más fuerte hoy en que en pasado, es urgente resaltar que no se trata de una trasnochada consigna comunista que solo convocaba a la izquierda y sobre la cual los grupos guerrilleros en Colombia y en otros tantos países montaron sus discursos en contra del capitalismo, sino que se trata de una preocupación por el fortalecimiento de la democracia y el respeto y garantías de los derechos humanos.  Es decir, reclamar el territorio y la soberanía, hoy  no como discurso de la guerrilla sino como un derecho adquirido de los habitantes ancestrales, indios, afros,  campesinos y el cual debería ser un reclamo de la nación.

      Con lo anterior la preocupación es que las guerrillas y los paras aprovechan los escenarios de resistencia de las comunidades, para tramitar sus intereses particulares que en muchos casos van en detrimento del interés colectivo de rechazo a la guerra, violan los derechos de los pobladores e infringen de aprensivamente la normativa humanitaria. 

4.    Pensar en el ‘Diálogo es la ruta’, la ‘paz como proceso y no como evento’ y el mandato por ‘defensa del territorio’ en términos de imaginarios sociales despolitizados.

5.    Rechazo total y frontal a todas las formas de violencia armada. 

     Es posible que en estas protestas estén infiltrados grupos armados, como lo ha señalado el gobierno nacional y los medios han hecho eco.  Pero lo que es evidente, es que la gente que vive en el campo está acarreando los costos más altos de una guerra en donde combaten guerrillas y delincuencia organizada por intereses económicos, auspiciadas por multinacionales y en donde la estrategia militar del gobierno no permite abrir espacios reales para hacer los urgentes acuerdos humanitarios y abrir espacio a un diálogo político verdadero.